Derechos Humanos

El Departamento de Derechos Humanos de la Embajada de la República Argentina en España, informa:

EL EQUIPO ARGENTINO DE ANTROPOLOGÍA FORENSE EAAF LOGRÓ IDENTIFICAR 42 RESTOS DE DESAPARECIDOS EN EL MARCO DE LA “LA INICIATIVA LATINOAMERICANA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE VICTIMAS DE DESPARICÓN FORZADA EN ARGENTINA ENTRE LOS AÑOS 1974 Y 1983”

El importante anuncio lo hizo ayer en Buenos Aires el Secretario de Derechos Humanos de la Nación Dr. Eduardo Luis Duhalde

El Equipo Argentino de Antropología Forense anunció que logró identificar 42 restos de desaparecidos, en el marco de un convenio con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Ministerio de Salud.

Gracias a la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas –lanzada en el 2007 por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) junto con organizaciones de Guatemala y Perú, y con el apoyo del Gobierno argentino– los restos de 42 personas desaparecidas durante la dictadura ya fueron identificados que se suman a los más de 300 restos ya identificados

Con la recolección de muestras genéticas, en menos de dos años del lanzamiento de esta iniciativa, se pudieron recolectar muestras de sangre de familiares de personas que fueron víctimas de desaparición forzada entre los años 1974 y 1983. La campaña recibió amplia difusión y gracias a la misma fue posible reunir hasta el momento más de 3.000 muestras de sangre, que se sumaron a las 2.700 recibidas por el EAAF antes del convenio.

Si bien no se dieron a conocer los nombres ni nacionalidades de los restos identificados debido a una resolución judicial que impide por el momento su divulgación, el Secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, señaló la “importancia de la noticia” y destacó que “el Gobierno tiene total compromiso con este proyecto y aportará los recursos económicos para continuarlo”.
Durante una conferencia de prensa Duhalde aseguró también que “este trabajo tan riguroso y científico ha permitido no sólo el reencuentro de muchos familiares con resto de sus seres queridos, sino dar certeza judicial a lo que los movimientos de DD.HH. y los familiares de las víctimas han venido sosteniendo desde el fin de la dictadura”.

El funcionario se mostró optimista al comentar que a pesar de que “la EAAF tiene por principio no generar expectativas, nosotros confiamos en que esta segunda etapa nos va a permitir reunirnos dentro de un tiempo y darles nuevas noticias”.
En esta misma línea, el subsecretario de Políticas, Regulación y Fiscalización del Ministerio de Salud, Ignacio Vélez Carreras, señaló que esta iniciativa es posible “porque hay un Gobierno que mira el presente y el futuro con bases muy fuertes en la memoria, verdad y justicia”.
Por su parte, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, explicó que “es un orgullo nacional e internacional el trabajo que hacen estos jóvenes”. En este sentido, Carlotto destacó que la identificación permite para “cada familia cerrar un duelo, una etapa de incertidumbre que es esperarlo vivo, reclamarlo vivo.

Según un comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos “la iniciativa recibió el apoyo financiero del Congreso y del Departamento de Estado de los Estados Unidos. En la Argentina, a este aporte se sumaron recursos facilitados por distintos organismos nacionales, provinciales y municipales que hicieron posible llevar adelante la comparación de más de 5.000 muestras de sangre de familiares de personas desaparecidas, con muestras de 598 esqueletos recuperados por el EAAF y aún no identificados”.

DATOS GENÉTICOS: PREOCUPACIÓN DEL SECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS POR LA INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO DEL BANCO DE DATOS

Por otro lado, Eduardo Luis Duhalde, expresó su “honda preocupación” por la interrupción de los servicios del Banco Nacional de Datos Genéticos, que funciona dentro del hspital Durand, dependiente de la Ciudad.
El Gobierno porteño no trasladó el saldo presupuestario del ejercicio del 2008 al 2009 lo cual generó la carencia de los insumos para hacer los análisis correspondientes al área y obligó a las autoridades a no poder continuar con su labor.
Esto genera que se vean suspendidas las tareas de identificación de niños apropiados, un trabajo ininterrumpido que comenzó en 1984, lo que “afecta a los jóvenes que van en busca de una certeza con la presunción  o sospecha de haber sido apropiados”, puntualizó Duhalde.

03/06/2009

A 33 AÑOS DEL GOLPE MILITAR GENOCIDA

Este nuevo aniversario, a 33 años del golpe genocida de 1976, ha de ser una jornada de  homenaje a las víctimas, de Memoria y de reflexión.

Nuestro primer recuerdo es para las víctimas, 30.000 desaparecidos, hijos secuestrados y apropiados, miles de asesinados, presos y exiliados. A ellos nuestro homenaje por haber empeñado sus esfuerzos y hasta sus vidas por una sociedad más justa y solidaria.

De Memoria para recordar las dificultades enfrentadas para romper el muro de la impunidad, las leyes de obediencia y punto final, que rodeaba a los crímenes cometidos por la dictadura genocida, roto por la decisión del Gobierno iniciado en mayo de 2003, que colocó a los Derechos Humanos en el centro de su política de reconstrucción de la Nación y continuada con firmeza por el actual Gobierno.

Con Memoria, Verdad y Justicia es posible construir una sociedad democrática y solidaria, capaz de enfrentar cualquier resistencia de sectores que alzan sus voces añorando una sociedad al servicio de una minoría privilegiada, beneficiarios del Terrorismo de Estado, que fue el camino para imponer un modelo económico que provocó el empobrecimiento y la exclusión de la gran mayoría del pueblo y la destrucción de nuestro país.

De reflexión, porque hay que redoblar los esfuerzos para lograr la agilización de los procesos judiciales y el juzgamiento y condena de todos los responsables del terrorismo de Estado no sólo militares sino también civiles, y reafirmar la convicción que solamente con Verdad, con Memoria y con Justicia, conformaremos una sociedad que se desarrolle en paz, una sociedad justa y solidaria.

23/03/2009

Carlos María Duhalde

Consejero de Derechos Humanos

Embajada de la República Argentina en España

La Cámara Federal de Rosario confirmó que el general (RE) Ramón Genaro Díaz Bessone, junto a otros seis represores, deberá ir a juicio oral y público por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, en el centro clandestino de detención que funcionó en la Sección Informaciones de la Jefatura de Policía de Rosario.

La resolución, difundida ayer por el Centro de Información Judicial, también alcanzó a los ex militares y civiles José Rubén Lofiego, Mario Marcote, Ramón Vergara, Carlos Scortecchini, Ricardo Chomicki y Nilda Folch. Todos ellos están imputados por distinto grado de participación en delitos de “privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas en concurso real con tormentos y secuestros”.

18/03/2009

Jorge Rafael Videla volverá a sentarse en el banquillo de los acusados.

Aunque está procesado por cientos de desapariciones, torturas y asesinatos, el dictador enfrentará a la Justicia de Santiago del Estero por un solo caso: el homicidio del estudiante Cecilio Kamenetzky. Las audiencias del expediente que acaba de ser elevado a juicio oral podrían comenzar en mayo si la Corte Suprema de la Nación nombra a tres jueces para el Tribunal Oral Federal de esa provincia, cuyos miembros se excusaron de intervenir por distintas razones.

Además de Videla, la primera causa por delitos de lesa humanidad que se realizará en Santiago del Estero tiene entre los imputados al ex jefe de inteligencia local, Antonio Musa Azar –ya condenado a perpetua por el doble crimen de La Dársena–; y a los jerarcas Antonio Bussi –ex jefe de la zona– y Luciano Benjamín Menéndez, quienes volverán a compartir juicio luego de la prisión de por vida a la que se los condenó el año pasado en Tucumán por la desaparición de Guillermo Vargas Aignasse.

Cecilio Kamenetzky fue secuestrado de su casa santiagueña el 9 de agosto de 1976. Según testimonios, el joven estudiante de 18 años estuvo detenido en el Departamento de Informaciones Policiales, una dependencia conocida como “El Side” en la que funcionó uno de los centros clandestinos de esa provincia. Allí fue torturado reiteradamente antes de ser puesto a disposición de la Justicia Federal y ser trasladado al Penal de Varones.

Esta aparente legalidad no fue obstáculo para que policías locales lo llevaran nuevamente al Departamento de Informaciones para fusilarlo. Su cuerpo apareció el 13 de noviembre de ese año en la vereda de ese campo de exterminio y fue entregado a su familia en cajón cerrado. Aunque la versión oficial indicó “intento de fuga”, los análisis que el Equipo Argentino de Antropología Forense realizó al cuerpo de Kamenetzky develaron que tenía impactos de bala en la cabeza y tórax y que las ráfagas de FAL habían sido efectuadas por la espalda y a corta distancia.

La causa que el juez federal Guillermo Molinari elevó el viernes a juicio oral fue abierta en 2003 a partir de la denuncia de la familia del joven asesinado. En el expediente también se encuentran procesados el segundo de Musa Azar, Miguel Garbi, y Ramiro López Veloso, un policía miembro de “El Side” señalado como el autor material.

Al igual que ocurrió con Bussi y con Menéndez, el lento andar de la Justicia provocó que Videla termine sentado en el banquillo sólo por un caso. Otros expedientes avanzan con más demora. En la investigación del Plan Cóndor, el jefe de la última dictadura está imputado por 108 secuestros y asociación ilícita. La causa fue elevada a juicio oral pero aún no tiene fecha de inicio.

El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos otorgará una recompensa a las personas que brinden datos útiles que permitan la detención de Gonzalo Sánchez.
Está implicado en la Causa ESMA junto al “Tigre” Acosta y otros ex militares por “privación ilegal de la libertad”.

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, publicó hoy en los principales diarios una solicitada en la que ofrece una recompensa de $100 mil a quienes aporten datos que ayuden a encontrar a Gonzalo Sánchez, implicado en la causa Esma.

Sánchez está siendo buscado por la Justicia por “privación ilegal de la libertad” junto a Jorge Eduardo Acosta y otros ex militares.

En la publicación se añade que “pueden ser denunciantes” los miembros de las Fuerzas de Seguridad y de las Fuerzas Armadas; y se aclara que la información suministrada tendrá “el carácter de secreta y los datos de quienes la aporten se mantendrán en la más absoluta reserva”.

Para quienes tengan datos al respecto, comunicarse al 011-5300-4020 ó por mail a: unidadespecial@jus.gov.ar

B.O. 26/01/09 - Ley 26.475 - APN - Declara extinguidos beneficios obtenidos por funcionarios que se desempeñaron en organismos centralizados y en entidades descentralizadas de la Administración Pública Nacional durante el llamado “Proceso de Reorganización Nacional”

Ley 26.475

Declárense extinguidos los beneficios obtenidos por aquellos funcionarios que se hubieren desempeñado como Presidente de la Nación, Ministros, Secretarios y Subsecretarios de Estado, en organismos centralizados y en entidades descentralizadas de la Administración Pública Nacional durante el llamado “Proceso de Reorganización Nacional”

Promulgada de Hecho: Enero 12 de 2009

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

ARTICULO 1º — Son sujetos de la presente ley todos aquellos funcionarios que se hubieren desempeñado como Presidente de la Nación, Ministros, Secretarios y Subsecretarios de Estado, en organismos centralizados y en entidades descentralizadas de la administración pública nacional durante el llamado “Proceso de Reorganización Nacional”, comprendido entre los años 1976 y 1983.

ARTICULO 2º — A los efectos de esta ley, decláranse extinguidos los beneficios obtenidos en reconocimiento de los cargos y/o funciones descriptos en el artículo anterior y que hayan sido otorgados al amparo de regímenes o leyes especiales.

ARTICULO 3º — Lo dispuesto en la presente ley no impide la invocación de servicios, de las personas alcanzadas en el artículo 1º, los cuales se computarán para el eventual acceso a un beneficio previsional del régimen público ordinario.

ARTICULO 4º — La presente ley entrará en vigencia a los NOVENTA (90) días de su publicación y dentro de dicho plazo el Poder Ejecutivo dictará su reglamentación.

ARTICULO 5º — Derógase toda otra norma que se oponga a la presente.

ARTICULO 6º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS DIECISIETE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL OCHO.

— REGISTRADA BAJO EL Nº 26.475 — JOSE J. B. PAMPURO. — EDUARDO A. FELLNER. — Enrique Hidalgo. — Juan H. Estrada.

23/01/2008

El proceso de Memoria, Verdad y Justicia, iniciado en el 2005 luego de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, se desarrolla a paso firme.  La Secretaría de Derechos Humanos (SDH) del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación,  se presentó como querellante en varios juicios. El número de criminales de lesa humanidad detenidos actualmente asciende a 372.

La SDH forma parte de la Unidad Especial para Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia, creada por el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, la cual logró detener a numerosos prófugos, como el ex Mayor Jorge Olivera, Claudio Pittana (ex represor de la ESMA) y Felipe Romeo (integrante de la Triple A), entre otros.
Según un informe de la Subsecretaría de Protección de Derechos Humanos, durante el 2008 la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación participó como querellante en varios juicios, entre los que se destacan las siguientes causas:
* “I CUERPO”. Suárez Mason, Carlos Guillermo y otros. -Parte correspondiente a la masacre de Fátima- del Tribunal Oral Federal Nº 5, en la que fueron condenados a prisión perpetua los comisarios Carlos Gallone y Juan Lapuyole.
* “SDHN S/ Denuncia Centro Clandestino de Detención Regimiento de Infantería 9 Corrientes - Caso Artieda, Ramón Domingo y otros S/ Privación ilegítima de la libertad, torturas y desaparición forzada” - Tribunal Oral Federal de la ciudad de Corrientes. Condenas para Horacio Losito, Juan Barreiro, Juan Carlos Demarchi -ex presidente de la Sociedad Rural correntina- y Raúl Reynoso.
* “Excelentísima Cámara Federal de Apelaciones de Posadas S/ Remite causa 7130/074 GONZALEZ María Amelia S/ solicita cumplimiento de la Resolución 28/92 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. “La Casita de los Mártires”. Tribunal Oral Federal de Misiones. Condenado a 25 años de prisión Carlos Caggiano Tedesco.
* Causa Mansión Seré-La Cueva de Mar del Plata; Tribunal Oral Federal Nº 5 de la Capital Federal. Condenas de prisión perpetua para Alberto Barda y de 25 años de prisión para Hipólito Mariani y César Comes.
En tanto, la SDH presentó trece nuevas querellas y mantuvo su participación en otras cuarenta y tres, endistintas jurisdicciones del territorio nacional.
“Para el 2009 se prevé un año de intensa actividad. Desde el mes de febrero comenzarán a sustanciarse nuevos juicios, el primero contra el ex General Olivera Rovere. Luego se llevarán a cabo las audiencias por el crimen de Floreal Avellaneda. Están elevadas a los tribunales orales gran cantidad de causas, como las que se llevarán a cabo en Santa Fe contra el ex Juez Víctor Brusa, o en Rosario por los crímenes cometidos en jurisdicción del Segundo Cuerpo de Ejército. En Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero, Mendoza y la provincia de Buenos Aires se esperan también nuevos juicios orales en los que la Secretaría participará como querellante”, adelantó el subsecretario de Protección de Derechos Humanos, Luis Alén.
En el mismo sentido, la Secretaría de Derechos Humanos viene reclamando que la totalidad de los represores detenidos en distintas modalidades (cárceles comunes, unidades de las policías provinciales, arresto domiciliario, etc.) sean alojados en unidedes del Servicio Penitenciario Federal y que no se les conceda excarcelación, por la gravedad de los crímenes que se les imputan, el peligro de fuga y las posibles intimidaiones o atentados contra testigos.
“Se han presentado recursos extraordinarios ante la Corte Suprema de Justicia contra las resoluciones de la Cámara de Casación que concedió la excarcelación a represores de la ESMA, y otros que actuaron en Santa Fe y el Circuito Camps. Asimismo, se promoverá el juicio político de los jueces de la Sala II de la Càmara de Casación, de los integrantes del Tribunal Oral Federal Nº 5 de la Capital Federal y de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, por el mal desempeño de sus funciones que se tradujo en distintos atrasos de las causas y en resoluciones que otorgaban la libertad a los represores”, explicó Alén.
En otro orden, conjuntamente con la Dirección Nacional de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad, la SDH continúa con la atención de víctimas de violaciones a los derechos humanos, en el marco del Plan Nacional de Asistencia y Acompañamiento a Testigos y Querellantes víctimas del Terrorismo de Estado.

inf. SDH

La sangre de familiares de desaparecidos recolectada en todo el país y también en España fue enviada para su análisis a EEUU a un costo de 400 mil dólares.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) recolectó 5.200 muestras de sangre de familiares de desaparecidos para ser comparadas con restos óseos, en la primera campaña lanzada junto con el Estado por la identificación de personas desaparecidas.

El proyecto Iniciativa Latinoamericana para la recolección a gran escala de muestras de sangre representa uno de los logros más importantes de la organización que se dedica a la búsqueda, investigación e identificación de restos óseos de personas desaparecidas entre 1974 y 1983, los “años de plomo” en Argentina.

“Por primera vez lanzamos en el país un proyecto masivo a través del Ministerio de Salud, con 60 hospitales en todo el país; el Ministerio de Justicia, que puso a disposición 65 oficinas para realizar esta campaña, y la Secretaría de Derechos Humanos”, explicó Luis Fondebrider, fundador y titular del EAAF.

El científico calificó como “el máximo esfuerzo en 25 años de trabajo” la campaña implementada en 2008 que permitió enviar 5.200 muestras a un laboratorio de EEUU -el único con capacidad para analizar esa cantidad- por un costo de 400 mil dólares cuya financiación está a cargo del Gobierno argentino y el Congreso norteamericano.

Con esta iniciativa, las posibilidades de identificar restos óseos es mayor debido a que las personas que responden a la convocatoria y dejan su sangre, también aportan información sobre las características del desaparecido.

Las expectativas eran de alcanzar la cifra de 3.600 muestras, pero la respuesta fue mayor y, sumadas las que ya almacenaban, llegaron a 5.200, equivalente a unas 2.500 familias, que serán comparadas con 600 restos óseos que esperan identificación.

El trabajo de investigación para identificar restos óseos pertenecientes a personas desaparecidas entre 1974 y 1983 es realizado desde 1984 por el EAAF con aportes de gobiernos europeos y fundaciones americanas, y recién en 2003 comenzó a recibir ayuda del Estado.

“Es obligación del Estado hacerse cargo de lo que pasó en el pasado y una forma es apoyar proyectos que busquen traer verdad sobre lo que sucedió”, afirmó Fondebrider.

Con cerca de 350 cuerpos identificados desde que iniciaron la tarea, Fondebrider consideró que la cantidad es comparativamente baja con relación al número de desaparecidos ” porque es más difícil identificar un esqueleto que un cadáver”.

La distinción obedece a que con un cadáver se pueden obtener más elementos, como cabellos, en cambio con un esqueleto “es necesaria información antemorten y por eso es importante la ayuda de los familiares”.

“La principal dificultad es que hay cuerpos que no se van a poder encontrar porque cuando se enterraban como NN en los cementerios, se removían a los cinco años y muchos fueron tirados a un osario común”, precisó.

A ello se suma que las exhumaciones ordenadas por la justicia en 1983 se realizaron “con palas mecánicas y sepultureros asesorados por médicos forenses que hicieron las cosas mal”.

Sobre las personas arrojadas al mar sólo aparecieron 60 cuerpos y, según Fondebrider “no van a aparecer más porque ya se perdieron con el agua”.