Departamento de Derechos Humanos de la Embajada de la República Argentina en España

16/04/2010- Cinco nuevos represores fueron detenidos en las últimas horas imputados del secuestro y torturas a una treintena de víctimas en Junín, provincia de Buenos Aires, durante la última dictadura militar, confirmaron hoy a Télam fuentes judiciales.

La medida la dispuso el juez federal Daniel Rafecas en la “megacausa” que tramita por delitos de lesa humanidad cometidos en la órbita del Primer Cuerpo de Ejército y entre los detenidos se encuentra el ex comisario inspector Edgardo Mastandrea, quien solía presentarse en programas de televisión como “experto en seguridad pública”.

Pese a la reserva impuesta por el magistrado, las fuentes indicaron que la nómina de detenidos la integran, además de Mastandrea, el Coronel del Ejército Ángel José Gómez Pola, los comisarios Abel Oscar Bracken y Julio Ángel Esterlich y el médico policial Aldo Antonio Chiacchietta.

A todos los detenidos -quienes serán indagados en las próximas horas- se les imputan violaciones a los derechos humanos cometidas en los años 1976 y 1977 en Junín y se suman a otros dos represores que ya están detenidos y procesados desde el año pasado por los mismos hechos.

En la causa se investigan el secuestro y torturas de tres decenas de víctimas –tres de las cuales permanecen desaparecidas- y el funcionamiento de cuatro centros clandestinos de detención que habrían tenido asiento en esa jurisdicción.

Esos centros funcionaban en la Comisaría 1ra. de Junín, en la entonces Unidad Regional VIII de esa localidad, en el Destacamento o Puesto de Vigilancia de la localidad de Morse y en la entonces “cárcel en construcción” de lo que es la actual unidad 13 del Servicio Penitenciario Provincial.

El magistrado y funcionarios de su juzgado realizaron en marzo último inspecciones judiciales en esos centros junto a sobrevivientes que estuvieron cautivos y fueron torturados, que reconocieron el sector de calabozos que allí funcionaban.

Luego de una intensa investigación llevada a cabo desde que Rafecas recibiera la causa enviada por el Juez Federal de Junín en agosto de 2009, fueron detenidos Pola, quien se desempeñó en 1976/77 como Jefe del Area 131 y Braken, ex titular de la Seccional 1ra. de Junín.

Rafecas también dispuso las detenciones de Mastandrea, por entonces Oficial Inspector de esa comisaría e integrante del grupo de tareas, Esterlich, entonces Oficial Subinspector y el médico Chiacchietta, quien controlaba los signos vitales de las víctimas en las sesiones de tortura.

Por los mismos hechos, el magistrado, el 30 de diciembre de 2009 dictó el procesamiento y prisión preventiva de Miguel Ángel Almirón, Oficial Subinspector de la Policía bonaerense y Francisco Silvio Manzanares, Suboficial Inspector de la Comisaría de Junín.

En esa oportunidad, el juez afirmó que “se tuvo por acreditada la existencia de un circuito represivo en dicha jurisdicción que comprometió el funcionamiento de los cuatro centros clandestinos de detención”.

Entre los hechos que investiga el Juez se encuentran las detenciones de dirigentes gremiales, políticos locales y miembros de la “Coordinadora de Arte” (COART).

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El Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario condenó ayer a prisión perpetua a los cinco imputados en la primera causa por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado en esta ciudad.

El ex teniente Oscar Pascual Guerrieri, el ex mayor Jorge Fariña, el ex teniente Juan Daniel Amelong, el ex agente de inteligencia del Ejército Walter Pagano y Eduardo “Tucu” Costanzo recibieron perpetua.

El ex teniente Oscar Pascual Guerrieri fue hallado culpable de 24 secuestros seguidos de torturas y 16 homicidios, el ex mayor Jorge Fariña como autor de 26 casos de secuestros seguidos de tormentos y 16 asesinatos, mientras el ex teniente Juan Daniel Amelong deberá purgar su condena por 29 privaciones ilegales de la libertad seguidas de torturas y 16 homicidios. El ex agente de inteligencia civil del Ejército, Walter Pagano, y Eduardo “Tucu” Costanzo deberán responder por 24 secuestros y 16 homicidios. Además, el tribunal dispuso que los condenados cumplan la pena privativa de la libertad en cárceles comunes, pertenecientes al Servicio Penitenciario Federal. Con relación a Guerrieri y Costanzo, los jueces Otmar Paulucci, Beatriz Caballero de Barabani y Jorge Venegas Echagüe dijeron que, atento la prisión domiciliaria de que gozan, lo dispuesto se hará efectivo una vez que se declare firme la sentencia y previo análisis de sus respectivos estados de salud. Los fundamentos de la sentencia serán leídos el próximo 14 de junio.
Las cuatro querellas que participaron del proceso y el Ministerio Público Fiscal habían pedido la pena de prisión perpetua. La fiscal federal Mabel Colalongo dijo que se trataba de “un fallo ejemplar incluso para el resto del país. También es valorable que la condena deba ser cumplida en cárceles comunes, incluso los que tenían prisión domiciliaria”. Uno de los primeros en dejar la sala de audiencias fue el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde. “Se ha hecho justicia, el fallo es de total coherencia”, opinó. Duhalde destacó el “esforzado papel” de las querellas y aseguró que “el resultado de las condenas a prisión perpetua para los cinco imputados se ajusta a la ferocidad con que actuaron en la comisión de los homicidios agravados por alevosía, frente a prisioneros indefensos por parte de aquellos que constituían la jefatura del aparato de inteligencia del Segundo Cuerpo de Ejército”.
Presente en la lectura del fallo, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, afirmó, “Se ha hecho justicia, el fallo es de total coherencia”. Duhalde destacó el “esforzado papel” de las querellas y aseguró que “el resultado de las condenas a prisión perpetua para los cinco imputados se ajusta a la ferocidad con que actuaron en la comisión de los homicidios agravados por alevosía, frente a prisioneros indefensos por parte de aquellos que constituían la jefatura del aparato de inteligencia del Segundo Cuerpo de Ejército”.
Para la abogada Gabriela Durruty, patrocinante de Juan Rivero y Ramón Verón, victimas de Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu, “la sentencia dictada fue ejemplar. Cinco perpetuas en cárceles comunes por los delitos de lesa humanidad juzgados, privación de la libertad agravada por perpetrarse mediando violencia y amenazas, aplicación de tormentos agravados por ser cometidos contra perseguidos políticos y homicidio triplemente calificado, por alevosía, por ser cometido para perseguir la impunidad de otros delitos y por el concurso preordenado de dos o más personas”. “Rosario se eleva a la jerarquía de ciudad donde se respeta el standard mínimo en materia de derechos humanos, acorde con la legislación internacional.”
Daniela Asinari, con quien Durruty compartió el patrocinio, destacó que “se condenó a 5 integrantes del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario. La inteligencia, al decir de la Causa 13 (Juicio a las Juntas), constituía el sistema nervioso del plan sistemático de represión ilegal mediante el cual los genocidas asolaron nuestro país durante la última dictadura militar”. Y remarcó que “la valentía de los testigos lo hizo posible”.
Nadia Schujman, abogada de H.I.J.O.S., confesó que el fallo “es lo que esperábamos, creíamos que no les cabía otra pena que no fuera la prisión perpetua, estamos muy satisfechos con la cárcel efectiva, nosotros pedimos la revocación y el tribunal le hizo lugar. Creemos que es un día histórico como pueblo, porque no hay otro país que haya avanzado tanto como nosotros en juzgar a sus verdugos. Y pensamos que es el comienzo del fin de la impunidad en nuestra ciudad, y no perdemos de vista que tenemos por delante muchos genocidas por juzgar, que esto es recién el comienzo”.

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Entregaron a la justicia una lista de 4.300 nombres de agentes que actuaron en una dictadura Un listado con 4.300 nombres de agentes que durante la última dictadura militar se desempeñaron en el Batallón de Inteligencia 601 del Ejército fue entregado a la Justicia por integrantes del Archivo Nacional de la Memoria. “Es la primera entrega significativa que realiza el Archivo a partir del decreto del Poder Ejecutivo que ordenó la desclasificación de la información vinculada con el accionar de las fuerzas armadas entre 1976 y 1983″, expresó Ramón Torres Molina, titular del organismo oficial. La lista fue llevada al juez federal Ariel Lijo, que investiga las actividades del Batallón durante la dictadura. La nómina incluye los nombres de 1.599 personas que se desempeñaron como agentes civiles de inteligencia en el Batallón 601 y otros 2.353 que actuaron en diferentes destacamentos y Secciones de Inteligencia del país, detalló un comunicado. Además, el escrito destacó los nombres de otras 345 personas que tenían grados militares y también se desempeñaron en el Batallón 601 de Inteligencia. Las investigaciones que permitieron la identificación del personal estuvieron a cargo de la Unidad de Investigación del Terrorismo de Estado, que depende del Archivo Nacional de la Memoria, que a su vez funciona bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El 6 de enero pasado, la presidenta Cristina Fernández decretó la desclasificación de toda “la información y documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas” en la represión de la última dictadura militar. La medida tuvo como objetivo evitar que se “obstaculicen” los juicios por violaciones a los derechos humanos. Fernández firmó el decreto tras una propuesta del Ministerio de Defensa y sobre de un pedido de información solicitado por el juzgado federal 1 de La Plata en la causa en que se investigan los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el centro clandestino de detención “La Cacha”.

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Alemania ordenó la detención de Jorge Rafael Videla

Un tribunal de la ciudad alemana de Núremberg libró orden de detención contra el ex presidente de facto Jorge Rafael Videla, por el asesinato de un ciudadano alemán durante la dictadura militar.

Asimismo se emitió una solicitud de orden internacional de captura para asegurar la detención deVidela en caso de que éste viaje al exterior, precisó el portavoz judicial Thomas Koch, según lo publicó la agencia dpa.

El juicio iniciado hace dos años y medio en Alemania contra el ex jefe de la junta militar argentinafue retomado a finales de diciembre tras la identificación del cadáver del ciudadano alemán Rolf Stawowiok que había sido enterrado como N.N. en Buenos Aires.

El tribunal de Núremberg fue declarado competente para el caso de la dictadura militar argentinahace varios años. La fiscalía acusa a Videla -líder de la junta militar entre 1976 y 1981- de asesinato y desaparición de opositores a su régimen. Organismos de derechos humanos le atribuyen a la dictadura (1976-1983) la muerte de unas 30.000 personas.

En 2007 la fiscalía de Núremberg suspendió sus investigaciones en el caso de la dictadura argentina, después de que el país sudamericano rechazara extraditar a Videla, argumentando que le correspondía a un tribunal nacional llevar el proceso en su contra.

El cadáver de Stawowiok había sido enterrado como N.N. (anónimo) en una fosa común, junto a los restos de otras cuatro personas jóvenes, el 14 de marzo de 1978 en el cementerio de Lomas de Zamora – al sur de la ciudad de Buenos Aires-, registrándose como causa de la muerte un “shock traumático agudo, por herida de bala”.

El 24 de agosto de 2004 el Equipo Argentino de Antropología Forense realizó la exhumación de esa sepultura con la recuperación de los restos de las cinco personas. En abril de 2009 los estudios genéticos y antropológicos permitieron identificar a tres de los cuerpos, entre ellos el de Stawowiok.

Stawowiok fue secuestrado el 21 de febrero de 1978 por un grupo de tareas de la dictadura. Tenía entonces 20 años y militaba en la Juventud Peronista. Había egresado del colegio Otto Krause, donde recibió el título de técnico químico, y lo apodaban “El Alemán”.

El ex dictador fue condenado a cadena perpetua en 1985 por violaciones contra los derechoshumanos durante el tiempo de la dictadura, pero fue amnistiado en 1990 por el entonces presidente Carlos Saúl Menem, quien hizo uso de la facultad presidencial de indulto para dictar su excarcelación.

En 1998 regresó a prisión, luego se le concedió el derecho al arresto domiciliario por su edad, privilegio que perdió en octubre de 2008, por lo que fue trasladado a la cárcel de Campo de Mayo, principal base militar de la Argentina, donde permanece actualmente.Alemania ordenó la detención de Jorg

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