HOMENAJE EN BUENOS AIRES A ESPAÑOLES DESAPARECIDOS EN ARGENTINA
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| El Patagónico | 2008 | |
Responsable del departamento: Consejero Carlos María Duhalde
derechoshumanos@portalargentino.net
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| El Patagónico | 2008 | |
El consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó por consenso y con el patrocinio de 54 países, la Resolución presentada por la República Argentina sobre el DERECHO A LA VERDAD en relación a las violaciones de Derechos Humanos y al derecho internacional humanitario.
En el campo del derecho internacional de los Derechos Humanos, se considera el Derecho a la Verdad el derecho a obtener respuestas del Estado ante ante grave violaciones de los derechos humanos. Todo individuo puede exigirle al Estado que lo informe acerca de aquello que le corresponde saber.
El deber de investigar hechos de este género subsiste incluso en el supuesto de que circunstancias legítimas del orden jurídico interno no permitieran aplicar las sanciones correspondientes a quienes sean individualmente responsables de delitos de esta naturaleza.
El derecho a la verdad, entonces, es el derecho a obtener respuestas del Estado. Todo individuo puede exigirle al Estado que lo informe acerca de aquello que le corresponde saber. El derecho a la verdad es, por ello, un elemento del derecho a la justicia.
“Saben ustedes que para mi país la política de respeto irrestricto y vigencia de los derechos humanos es una de las políticas de Estado. Precisamente en este marco es que quiero instar a los miembros de esta Asamblea para que el Tratado sobre la desaparición forzosa de personas, que fuera impulsado fervientemente por mi país y que me tocó signar, como Primera Dama de la República Argentina, en París el año pasado junto a otras 73 delegaciones, sea ratificado por la totalidad de los países que lo han signado. Hasta ahora solamente lo hemos ratificado 4 países: Argentina, Albania, México y Honduras. Sé que está a punto de hacerlo la República de Francia pero es imprescindible que todos nos comprometamos fuertemente en que las personas y su inviolabilidad sean definitivamente uno de los principios liminares en la gestión de todos los Estados.
En este sentido también quiero presentar hoy frente a ustedes la iniciativa latinoamericana para identificación de desaparecidos. Quiero comentarles que con la Fundación Guatemalteca de Antropología Forense, el Equipo Argentino de Antropología Forense y el Equipo Peruano de Antropología Forense, estamos impulsando esta iniciativa que es la de instalar bancos de identidad genética para precisamente dar cuenta de las violaciones a los Derechos Humanos y poder identificar adecuadamente a las víctimas.
Para nosotros el testimonio invalorable de mujeres que nos acompañan hoy en esta Asamblea, las Abuelas de Plaza de Mayo, que fueron las que idearon la constitución de este banco genético, han recuperado, arrebatados al olvido y a la desaparición, a 95 nietos de los 500 desaparecidos, hijos de detenidos políticos desaparecidos durante la última dictadura argentina.
La labor de estas mujeres es el testimonio viviente de cómo se puede aún en la adversidad y contra todo lo que ha significado el terrorismo de Estado, no solamente en mi país sino en otras repúblicas, sobreponerse a la muerte y luchar por la vida. La recuperación de estos chicos atestigua la posibilidad y la necesidad de apoyar este tipo de iniciativas, así como también la labor que se ha cumplido precisamente en la identificación de las víctimas de la guerra de los Balcanes y también de las víctimas del atentado del 11 de septiembre al World Trade Center….”
FUE DETENIDO EN BRASIL EL TENIENTE CORONEL NORBERTO TOZZO, ACUSADO POR LA MASACRE DE MARGARITA BELÉN
El Secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, informó hoy que gracias al trabajo de la UNIDAD ESPECIAL PARA BUSQUEDA DE PERSONAS ORDENADA POR LA JUSTICIA, creada por la Ley Nº 26.375, que depende del Sr. Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Dr. Aníbal Fernández, fue detenido hoy en Brasil el Teniente Coronel NORBERTO RAÚL TOZZO, quien luego de haber sido detenido fuera liberado por la Cámara Federal de Resistencia, en fallo que posteriormente anularan instancias superiores, por lo que se encontraba prófugo desde el 30 de abril de 1975.
TOZZO es uno de los imputados por la Masacre de Margarita Belén, uno de los más horrendos crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado, hecho acaecido en las primeras horas del 13 de diciembre de 1976, cuando detenidos de la Unidad Penitenciaria 7 de Resistencia y otros que habían llegado de la Brigada de Investigaciones de la misma ciudad fueron trasladados en dos camiones militares, custodiados por un patrullero de la policía del Chaco, hasta un descampado vecino a la localidad de Margarita Belén, donde fueron fusilados.
Las víctimas identificadas fueron Manuel Parodi Ocampo, Luis Arturo Fransen, Carlos Alberto Duarte, Carlos Tereczuk, Néstor Carlos Salas, Patricio Blas Tierno, Luis Ángel Barco, Mario Cuevas, Fernando Gabriel Pierola, Carlos Alberto Zamudio, Luis Alberto Díaz, Roberto Horacio Yedro, Reynaldo Zapata Soñez, Ema Beatriz Cabral, Carlos Maria Caire, Julio Andrés Pereyra, Delicia González y Alcides Bosch.
Duhalde señaló que la captura de Tozzo es un gran avance para el progreso de la causa, que está próxima a ser elevada a juicio oral y público, y se enmarca en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia que el gobierno nacional viene impulsando desde el 25 de mayo de 2003.
17 de septiembre de 2008
El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, informó que conforme los datos obtenidos por la Subsecretaría de Protección de Derechos Humanos hay trescientos cincuenta detenidos como resultado de los procesos abiertos por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado.
El Secretario de Estado agregó que ochenta y uno de ellos se encuentran alojados en la cárcel de Marcos Paz; cuarenta y uno, en la de Campo de Mayo, y cinco en Devoto, todas ellas del Servicio Penitenciario Federal. Otros cuarenta y tres detenidos fueron alojados en distintas unidades de los Servicios Penitenciarios Provinciales, mientras que treinta y siete están en diversas dependencias de las policías de las provincias. Treinta y siete alojados en unidades militares esperan que se cumpla la disposición de la Ministra de Defensa, Dra. Nilda Garré, para ser transferidos a establecimientos penitenciarios.
Un condenado -el marino Alfredo Scilingo- cumple su condena en Madrid, España. La Gendarmería Nacional mantiene tres detenidos; ocho más se encuentran en hospitales y centros de salud, en tanto que noventa y cuatro represores gozan de prisión domiciliaria. Respecto de éstos, Duhalde reiteró el pedido de que sean alojados en cárceles comunes, ya que no existen motivos legales que justifiquen este privilegio para quienes se encuentran acusados de gravísimas violaciones a los derechos humanos.
Se trata de Laura Catalina De Sanctis Ovando, que habría nacido en el Hospital Militar de Campo de Mayo a mediados de 1977, y de Federico Cagnola Pereyra, que nació en la ESMA en febrero de 1978.
Por Diego Martínez (Página 12)
Otros dos hijos de militantes políticos secuestrados y desaparecidos durante la última dictadura militar recuperaron ayer su identidad. Se trata de Laura Catalina De Sanctis Ovando, que habría nacido en el Hospital Militar de Campo de Mayo a mediados de 1977, y de Federico Cagnola Pereyra, que nació en la ESMA en febrero de 1978. Son dos jóvenes que después de treinta años tienen la posibilidad de conocer su verdadero nombre y su verdadera historia. En el caso de Federico, fue gracias a una investigación de la agrupación HIJOS. La noticia se anunciará formalmente hoy a las 12 en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo, Virrey Cevallos 592.
Laura es hija de Myriam “Tita” Ovando, nacida el 17 de enero de 1956 en Rosario, donde estudió psicología, y de Raúl René De Sanctis, que nació el 21 de julio de 1954 en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Ambos militaban en Montoneros. Myriam fue secuestrada el 1º de abril de 1977 en Virreyes, cerca de su domicilio, en el norte del Gran Buenos Aires. Estaba embarazada de seis meses. Se sabe que estuvo secuestrada en una casa de militantes montoneros, en Escobar, que luego el Ejército utilizó como centro de detención. Desde allí fue trasladada a Campo de Mayo.
En cautiverio, Myriam logró escribir una carta para sus padres. Allí les contó que había dado a luz a una niña a la que llamó Laura Catalina. La carta sugería su certeza de que la niña había sido entregada por los militares a sus abuelos. Pero nunca la recibieron. De Sanctis cayó en mayo de 1977 en la estación de trenes de Campana, provincia de Buenos Aires, y fue visto en el centro clandestino que funcionó en la Comisaría 5ª de La Plata, punto neurálgico del circuito Camps. Ambos están desaparecidos.
Federico es hijo de Liliana Carmen Pereyra, nacida en La Plata el 1º de septiembre de 1956, y de Eduardo Alberto Cagnola, en Chacabuco, 12 de diciembre de 1954, también militantes de Montoneros. Fueron secuestrados el 5 de octubre de 1977 en una pensión de Mar del Plata, en calle Catamarca 2254. Lali, de 21 años, estaba embarazada de cinco meses. Ambos fueron trasladados a la Base Naval local, que encabezaba el vicealmirante Juan José Lombardo (procesado con arresto domiciliario), donde fueron torturados brutalmente. En diciembre de 1977, Liliana fue trasladada para parir en la ESMA, donde funcionaba la maternidad clandestina de la Armada, junto con otra embarazada, Elizabet Marcuzo. Durante más de dos meses estuvo alojada en la “sala de embarazadas”, en el tercer piso del Casino de Oficiales, pegado a “Capucha”. En febrero de 1978 dio a luz a un varón, a quien llamó Federico. La asistió en el parto el médico y capitán de navío retirado Jorge Luis Magnacco, que aún goza de prisión domiciliaria. Los abogados de Abuelas solicitaron que se le revoque el privilegio y se lo envíe a una cárcel común, ya que los últimos exámenes médicos muestran una recuperación del cáncer que padece. Aún esperan respuesta por parte de los jueces federales María Romilda Servini de Cubría y Sergio Torres.
Después de dar a luz, Liliana Pereyra fue retirada de la ESMA, sin su hijo, por los mismos marinos de Mar del Plata que la habían llevado. Federico estuvo al menos un día más en la ESMA, donde quedó en manos de Héctor Febres, el prefecto que murió envenenado pero en silencio en diciembre pasado. Liliana fue asesinada el 15 de julio de 1978. En marzo de 1985 el Equipo Argentino de Antropología Forense exhumó e identificó su cuerpo, que había sido enterrado como NN en el cementerio de Mar del Plata. Cagnola permanece desaparecido. Liliana es hija de Jorgelina Azzarri de Pereyra, “Coqui”, referente de Abuelas de Plaza de Mayo en La Plata, que después de treinta años de espera ayer conoció a su nieto.
Con las dos nuevas restituciones llega a 94 la cifra de hombres y mujeres recuperados por Abuelas. En las dos identificaciones anteriores, confirmadas a fines de julio, las investigaciones fueron impulsadas por los hermanos de los jóvenes apropiados. Ahora se trata de una investigación de los equipos de Abuelas, en el caso de Laura, y de la comisión “Hermanos” de la agrupación HIJOS en el de Federico.
El Tribunal Oral en lo Federal Cinco recibió hoy el expediente en el cual el juez Sergio Torres elevó a juicio oral y público a 17 represores que actuaban en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura militar.
Integran la nómina de procesados que deberá afrontar el juicio oral el destituido capitán de la Armada Alfredo Astiz y sus camaradas de armas Jorge “el Tigre” Acosta, Antonio Pernías, Oscar Montes, Manuel Jacinto García, Alberto González y Jorge Raúl González, entre otros.
Privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida por un funcionario público y tormentos reiterados en decenas de hechos son los cargos por los cuales los imputados deberán sentarse, en fecha a designar y una vez concluida la “instrucción suplementaria” ante los camaristas Guillermo Gordo, Ricardo Farías y Daniel Obligado, integrantes del Tribunal.
Con la intervención del secretario Pablo Yadarola, el magistrado dictó la resolución, de alrededor de 250 carillas, en la que señaló que “se han visto satisfechos los extremos requeridos para avanzar con el proceso hacia el juicio oral, siendo esta nueva etapa procesal el ámbito en donde las defensas de los evaluados podrán explayarse”.
Agregó que “el debido debate habrá de determinar el grado concreto de responsabilidad que le corresponde a cada uno de los evaluados”.
La medida se tomó en las actuaciones “principales” labradas en la “megacausa ESMA” que tramita Torres y que se reactivaron tras la derogación y declaración de nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final.
Acosta, alias “Tigre”, “Aníbal”, “Santiago” o “Capitán Arriaga”; Astiz, alias “Angel”, “Rubio”, “Alberto Escudero”, “Gonzalo” o “Cuervo”; Pernías alias “Martín”, “Rata” o “Trueno”, Radice, alias “Ruger”, “Gabriel” o “Juan Héctor Ríos”; y Rolón, alias “Juan” o “Niño”, además son consortes de causa en otras investigaciones por gravísimas violaciones a los derechos humanos.
La mayoría de los integrantes de ese “grupo de tareas” también está con procesamiento y a la espera del juicio oral por el secuestro de las monjas francesas Leonnie Duquet y Alice Domon, el del escritor y periodista Rodolfo Walsh y el desapoderamiento de bienes de prisioneros que estaban ilegalmente cautivos en ese centro.
POR LA DESAPARICIÓN DE VARGAS AIGNASE
Bussi y Menéndez a prisión perpetua Los represores Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez fueron condenados hoy -jueves 28 de agosto- a cadena perpetua, por el secuestro y desaparición del ex senador Guillermo Vargas Aignase, en 1976 en Tucumán. De acuerdo al fallo, Bussi cumplirá arresto domiciliario y Menéndez irá a una cárcel común.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa provincia sentenció a los represores a la pena de: “prisión perpetua e inhabilitación perpetua” por ser coautores mediatos “penalmente responsables del delito de asociación ilícita; violación de domicilio y privación ilegítima de la libertad agravada; imposición de tormentos agravados; homicidio agravado por alevosía por concurso de dos o más partícipes con el fin de lograr impunidad. Todo en concurso real, calificándolos como delitos de lesa humanidad”, según la lectura del fallo.
El jueves próximo, 4 de septiembre, a las 10:30, el Tribunal dará a conocer los fundamentos de la sentencia.
Se trata de la hija de María Teresa Trotta y Roberto Castelli, ambos desaparecidos en distintos operativos el 28 de febrero de 1977, y del hijo de María Lourdes Martínez Aranda y Francisco Goya, secuestrados entre abril y julio de 1980.

Se trata de la hija de María Teresa Trotta y Roberto Castelli, ambos desaparecidos en distintos operativos el 28 de febrero de 1977, y del hijo de María Lourdes Martínez Aranda y Francisco Goya, secuestrados entre abril y julio de 1980.
Durante la conferencia de prensa, no se dio a conocer el nombre de la hija de Trotta y Castelli, en tanto que el hijo de Aranda y Goya se llama Jorge Guillermo, nombre de nacimiento.
La restitución de la identidad de estos dos jóvenes fue confirmada este miércoles por las Abuelas en una conferencia de prensa, desarrollada en la sede de la entidad, en Virrey Ceballos al 500, que contó con la presencia de Verónica -hermana de la nieta recuperada- y el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde.
La hija de María Teresa Trotta y Roberto Castelli -ambos militantes montoneros- quien nació en el cautiverio de su madre a fines de abril o principios de mayo de 1977, recuperó su identidad el pasado viernes 25 de julio, tras haber sido informada que los estudios de ADN arrojaron una inclusión en la familia Trotta-Castelli de un 99,99%.
En tanto, el hijo de Lourdes Martínez Aranda y Francisco Goya, quien desapareció junto a sus padres, supo de su verdadera identidad el último martes 29 de julio, cuando el juez Federal Ariel Lijo, le informó que los resultados de los estudios de ADN, señalaron una compatibilidad con su familia biológica de un 99,99% “La Petisa” o “Tere”, como la llamaban sus amigos a María Teresa Trotta, y “Beto” o “Cabezón”, como le decían a Roberto Castelli, militaban en la organización Montoneros y fueron secuestrados el 28 de febrero de 1977, en San Antonio de Padua y Merlo, respectivamente, según informaron las Abuelas.
En el momento de su desaparición María Teresa se encontraba embarazada de seis meses y medio.
Según testimonios de sobrevivientes del terrorismo de Estado la pareja estuvo alojada en los centros clandestinos de detención “Sheraton” y “El Vesubio”.
El rastro de su hija se perdió cuando “La Petisa” fue llevada al sector de Epidemiología del Hospital Militar de Campo de Mayo, donde dio a luz.
Desde ese mismo momento, sus familiares junto a Abuelas comenzaron la búsqueda, denunciando en 1983 su desaparición en la justicia.
Tras 25 años, el viernes pasado, su hermana Verónica-militante de H.I.J.O.S y Abuelas-, y el resto de sus familiares supieron que la hija del matrimonio Trotta-Castelli fue entregada en adopción a través del Movimiento Familiar Cristiano, organización que, según datos recogidos por las Abuelas, durante la dictadura “entregaba niños en adopción sin investigar el paradero de su familia”.
Durante la conferencia de prensa, Verónica, visiblemente emocionada, dijo sentir “una sensación similar a la que sentí en el momento que nació mi hijo”.
“Es el día más pleno de mi vida, dediqué mi vida para esto, es lo que más quería en el mundo”, agregó entre sollozos.
Tras negarse a dar detalles sobre la nieta recuperada y la posibilidad de un próximo encuentro con ella, Verónica envió un mensaje a su hermana. “Quiero que sepa que acá hay una familia que la está esperando” dijo, no si antes aclarar: “Sabemos entender sus tiempos y sabemos respetarlos”.
El chaqueño Francisco “El Gordo” Goya fue militante en el Movimiento Nacionalista Tacuara, en la Juventud Peronista y en la organización Montoneros.
Con su primera esposa tuvo dos hijos: Juan Manuel y Emilio ,hoy militantes de la agrupación Hijos-Chaco. Durante su exilio en México, el “Gordo” conoció a su segunda mujer, María Lourdes “Lupita” Martínez Aranda, quien militaba en el Partido Comunista de México.
En marzo de 1979 la pareja se fue a España y el 31 de julio del mismo año nació su hijo, Jorge Guillermo.
Lourdes y Francisco regresaron al país en el marco de la denominada Contraofensiva y fueron secuestrados entre abril y julio de 1980 en Mendoza. Según algunos testimonios, ambos permanecieron detenidos en el centro clandestino “Cuevas”.
El hijo del matrimonio Goya-Martínez fue recuperado por las Abuelas a partir del dato aportado por un arrepentido que aceleró la investigación.
“Esto fue posible gracias a la lucha sostenida durante estos más de 30 años”, dijo una Carlotto, quien se mostró feliz por la recuperación de ya 92 nietos de desaparecidos. “Abuelas cumplió”, agregó la dirigente y aclaró que “ahora queda en las familias el camino del reencuentro; este es un camino largo y hay que respetarlo”.
Por su parte, Duhalde, quien aseguró tener un vínculo muy personal con los hermanos de los nietos recuperados, se mostró “muy feliz” por la restitución de la identidad de los dos jóvenes, Duhalde agradeció a la Abuelas por la “obstinada búsqueda”, que llevan adelante, al tiempo que ratificó el apoyo del Estado a la entidad por que “estoy seguro que este goteo permanente en la búsqueda de la verdad, la justicia y la memoria va a seguir dando resultados”. (Telam)
Los aspectos principales de la sentencia dictada por el Tribunal de Enjuiciamiento, integrado por Jaime Díaz Gavier, Carlos Otero Alvarez y José Vicente Muscará, son los siguientes:
Se declara a Luciano Benjamín Menéndez como coautor responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia por la duración -más de un mes- y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada.
También por la imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima -cuatro hechos en concurso real- y homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso de una pluralidad de partícipes -cuatro hechos-.
Por tales delitos se le impone pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, accesoria legales y costas; como consecuencia se le revoca la prisión domiciliaria y se ordena su inmediata detención en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de la Provincia de Córdoba.
La prisión perpetua también alcanza a Luis Alberto Manzanelli, Carlos Alberto Díaz, Oreste Valentín Padován y Ricardo Alberto Lardone, como coautores de iguales delitos imputados a Menéndez.
Hermes Oscar Rodríguez y Jorge Ezequiel Acosta fueron condenados a 22 años de prisión, y Carlos Alberto Vega a 18 años, como coautores mediatos en tres hechos por privación ilegítima de la libertad y cuatro hechos de imposición de tormentos con las mismas características impuestas para Menéndez, aunque ninguno de los tres fueron imputados por homicidio.
Todos los condenados serán trasladados al complejo penitenciario de Coger, ubicado a unos 18 kilómetros de la capital de Córdoba, ya que el tribunal resolvió revocar todos los beneficios de prisión domiciliaria y excarcelación que gozaban antes del juicio.
Por otra parte, el tribunal rechazó los ocho planteos que durante el debate habían formulado por los defensores de los imputados, como los casos de incompetencia del tribunal e inconstitucionalidad del juicio, entre otros.